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Presidente Santos firma decreto que restituye a Petro como Alcalde de Bogotá (8:38 a.m.)
“He firmado decreto que restituye al alcalde Petro. Mi deber como Presidente ha sido, es y será siempre cumplir con la ley”, así lo informó hoy el presidente Juan Manuel Santos luego de conocerse el fallo del Tribunal de Bogotá que ordena aplicar las medidas cautelares de la CIDH en el caso de Gustavo Petro y a su vez suspende la destitución del cargo como Alcalde de Bogotá. Agregó que su obligación es acatar la ley y lo que los jueces dispongan.

Noticia generada en Abr. 23/14 (8:38 a.m.)

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Extra
Esta es la sentencia que ordena aplicar medidas cautelares de la CIDH en caso Petro (8:00 a.m.)

Una Sala de Restitución de Tierras de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá consideró que el presidente Juan Manuel Santos violó los derechos a elegir y a ser elegido y al debido proceso internacional de los electores de Gustavo Petro, al no acatar las medidas cautelares de la CIDH, que ordenaban suspender la destitución del alcalde de la capital impuesta por la Procuraduría General de la Nación mientras hay una decisión de fondo. La corporación citó las sentencias T-524 del 2005 y la T-288A del 2011 de la Corte Constitucional, en las cuales se reconoce el carácter vinculante de ese tipo de determinaciones y destacó su incorporación automática al ordenamiento interno. Negarse a ello sería como violar la Convención Americana de los Derechos Humanos, subraya la providencia. Según la Sala, la legitimación por activa en la causa del ciudadano accionante se basa en la doble dimensión de esa garantía, pues, pese a que la CIDH protegió los derechos políticos de Petro, también debe reconocerse a los sufragantes como actores del proceso, como lo hicieron el Consejo Superior de la Judicatura y el Consejo de Estado. Además, anotó que la actuación del organismo internacional se justifica teniendo en cuenta decisiones de organismos judiciales de cierre, que concluyeron que los ciudadanos deben acudir a la acción de simple nulidad contra el acto administrativo particular que ordenó la destitución, haciendo improcedente la tutela. Finalmente, sostuvo que la tutela es procedente para hacer cumplir las medidas cautelares que ordene ese órgano judicial supranacional.

Noticia generada en Abr. 23/14 (8:00 a.m.)

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SIC ordena cesar actual esquema de recolección de basuras de Bogotá (11:28 a.m.)
El superintendente de Industria y Comercio ad-hoc, Luis Guillermo Vélez, en ejercicio de sus facultades legales en materia de protección de la competencia y los consumidores informó que sancionó a la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá E.S.P. (EAB), a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), a la empresa Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. y a diez personas naturales por ejecutar prácticas violatorias de la ley al limitar la libre competencia en el marco de la creación, implementación y puesta en marcha del nuevo esquema de recolección de basuras en Bogotá. Así mismo, ordenó cesar su implementación, para lo cual otorga un plazo de seis meses. Según la SIC, después se deberá aplicar un régimen de competencia libre o, en su defecto, un régimen de competencia con áreas de servicio exclusivo que, en cualquier caso, deberá involucrar la participación de la población recicladora, en los términos establecidos por la Corte Constitucional.

Noticia generada en Abr. 23/14 (11:28 a.m.)

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Derecho a exigir reajuste pensional prescribe a los tres años: Corte Suprema (11:15 a.m.)
En sentencia recientemente aprobada, la Corte Suprema de Justicia determinó que los términos prescriptivos para alegar la procedencia del reajuste pensional es de tres años, contados a partir de la causación del derecho. Ello, porque el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo concede dicho término, calculado desde el momento en que la obligación se haya hecho exigible, frente a las “acciones que emanen de las leyes sociales”. En este caso, dice, no es aplicable el artículo 51 del acuerdo 049 del Ministerio del Trabajo (aprobatorio del Decreto 0758 de 1990), que fija ese lapso en cuatro años, ya que esta disposición rige para reclamaciones ante el ISS, pero no tiene validez a la hora de interponer acciones ante los jueces (M. P. Elsy del Pilar Cuello).

Noticia generada en Abr. 23/14 (11:15 a.m.)

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Información especial LEGISmóvil
Esta es la nueva forma de identificar las providencias de la Corte Suprema de Justicia (10:35 a.m.)

La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia aprobó, el 18 de noviembre del 2013, una nueva forma de identificar sus providencias. La metodología es un sistema alfanumérico en el que se encuentran letras que se relacionan con el tipo de providencia, así: A para los autos, S para las sentencias, T para tutelas y H para hábeas corpus. A continuación se incluye otra letra que permite conocer la sala que la expide, L para laboral, P para penal, C para la civil y PL para la Sala Plena. El siguiente componente es un número consecutivo anual y el año en el que se profiere la decisión. En este sentido, el alto tribunal identifica sus providencias en forma similar a como lo hace la Corte Constitucional, es decir, la identificación de providencias ya no es exclusivamente el mismo número del expediente, del proceso o el “número de radicación de procesos” de los Acuerdos 201 de 1997, 1412 y 1413 del 2002, del Consejo Superior de la Judicatura. A manera de ejemplo, una sentencia de la Sala Laboral tendrá en su encabezado lo siguiente: SL 829-2013 (nuevo sistema de identificación), Radicación 41306 (sistema tradicional). Por su parte, la Sala Civil se presentará así SC 4428-2014, Radicación 11001-31-03-026-2009-00743-01. LEGISmóvil ha adoptado este nuevo método de identificación para su buscador.

Noticia generada en Abr. 23/14 (10:35 a.m.)
Condiciones de jubilación dependen de normas vigentes al momento de causarse el derecho: Corte Suprema (8:45 a.m.)
En providencia recientemente dada a conocer, la Corte Suprema de Justicia sostuvo que las condiciones de pago de la pensión deben estar sujetas a la disposición legal, convencional o reglamentaria en vigor al momento de su causación y no interpretarse a la luz de las vigentes al momento de su disfrute. Así, aun cuando en la época en que el operario decida exigir su derecho estas reglas sean distintas a las que regían al momento en que acumuló los requisitos para jubilarse, las que deben tenerse en cuenta a la hora de efectuar la liquidación son estas últimas. En ese mismo sentido, dice, el artículo 4º del Decreto 1160 de 1989 señala que se entiende causada la pensión cuando se reúnen las exigencias de “la ley, convención colectiva, pacto colectivo, laudo arbitral y reglamentos del Instituto de Seguros Sociales” (M. P. Elsy del Pilar Cuello).

Noticia generada en Abr. 23/14 (8:45 a.m.)

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Deducción en renta por pagos a personas naturales solo procede si pertenecen al régimen contributivo (4:50 p.m.)
La deducción en renta por pagos realizados a personas naturales residentes cuyos ingresos no provengan de una relación laboral o reglamentaria, prevista en el parágrafo segundo del artículo 108 del Estatuto Tributario y reglamentado por el Decreto 1070 del 2013, sobre retefuente para empleados y trabajadores por cuenta propia, es viable solo cuando se realizan a personas pertenecientes al régimen contributivo, pues solo en estos casos se puede verificar que estas realizan los aportes correspondientes en relación con los ingresos obtenidos en el respectivo contrato. Así lo precisó la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en reciente oficio.

Noticia generada en Abr. 22/14 (4:50 p.m.)

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Es razonable el trato diferenciado entre derecho de custodia y el de visita: Corte Constitucional (4:00 p.m.)
La Corte Constitucional determinó que sancionar hasta con tres años de cárcel al padre que, en ejercicio del derecho de visita, afecte el derecho de custodia del otro padre no supone una violación del derecho a la igualdad; esto frente al hecho de que quien tiene la custodia y desconoce las garantías de quien ostenta el derecho de visitas no es objeto de la misma sanción (artículo 7º del Código Penal, que adiciona el artículo 230A). Para la Corte, aunque el segundo escenario también es reprochable, no es equiparable al primero, pues el ocultamiento del menor o prácticas similares para privar a quien tiene la custodia de sus derechos afecta más intensamente al niño, ya que se le impide permanecer con la persona con quien comparte la mayor parte de su tiempo. Bajo estos argumentos, la Sala declaró constitucional la norma y señaló que aunque la segunda actuación no sea penalizable sí es objeto de control judicial, en tanto se puede acudir a la tutela para salvaguardar las garantías del padre afectado (M. P. Mauricio González Cuervo).

Noticia generada en Abr. 22/14 (4:00 p.m.)

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Norma que exime a socios de SAS de responsabilidades por deudas laborales no es arbitraria (3:10 p.m.)
La norma que exime a los socios de sociedades por acciones simplificadas (SAS) de responsabilidades por los compromisos laborales de sus organizaciones no es arbitraria ni desconoce derechos, decidió la Corte Constitucional. De ahí que haya sido declarada ajustada a la Carta Política de 1991 la expresión “laborales”, contenida en el artículo 1º de la Ley 1258 del 2008. Según la corporación, se trata de una disposición que promueve la inversión y la prosperidad social, sin imponer condiciones prohibidas por la Constitución. Cabe precisar que frente a la supuesta violación de derechos laborales la máxima instancia constitucional ordenó estarse a lo resuelto en la Sentencia C-090 del 2014 (M. P. María Victoria Calle).

Noticia generada en Abr. 22/14 (3:10 p.m.)

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Corte Constitucional explica por qué declaró exequible figura de la lesión enorme contenida en el Código Civil (2:48 p.m.)
La Corte Constitucional determinó que la figura de la lesión enorme, con la cual el Código Civil protege a las partes intervinientes en un proceso de compra venta, no supera los límites de la autonomía o libertad contractual (artículo 1948). Añadió que no supone un beneficio excesivo para la parte afectada sino una contrapartida originada por la excesiva desproporción del negocio original; la sanción repone el equilibrio roto en el origen, dice la Sala. Allí se ordena el pago del faltante de la diferencia entre el total recibido y el justo precio, deducido en una décima parte, cuando el vendedor reciba menos de la mitad del precio justo; mientras tanto, en los casos en los que es el comprador el afectado por haber pagado el doble, este recibirá de quien le vendió la propiedad una suma equivalente a lo cancelado en exceso, más un 10 % adicional.

Noticia generada en Abr. 22/14 (2:48 p.m.)

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