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Presidente Santos firma decreto que restituye a Petro como Alcalde de Bogotá (8:38 a.m.)
“He firmado decreto que restituye al alcalde Petro. Mi deber como Presidente ha sido, es y será siempre cumplir con la ley”, así lo informó hoy el presidente Juan Manuel Santos luego de conocerse el fallo del Tribunal de Bogotá que ordena aplicar las medidas cautelares de la CIDH en el caso de Gustavo Petro y a su vez suspende la destitución del cargo como Alcalde de Bogotá. Agregó que su obligación es acatar la ley y lo que los jueces dispongan.

Noticia generada en Abr. 23/14 (8:38 a.m.)

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Extra
Esta es la sentencia que ordena aplicar medidas cautelares de la CIDH en caso Petro (8:00 a.m.)

Una Sala de Restitución de Tierras de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá consideró que el presidente Juan Manuel Santos violó los derechos a elegir y a ser elegido y al debido proceso internacional de los electores de Gustavo Petro, al no acatar las medidas cautelares de la CIDH, que ordenaban suspender la destitución del alcalde de la capital impuesta por la Procuraduría General de la Nación mientras hay una decisión de fondo. La corporación citó las sentencias T-524 del 2005 y la T-288A del 2011 de la Corte Constitucional, en las cuales se reconoce el carácter vinculante de ese tipo de determinaciones y destacó su incorporación automática al ordenamiento interno. Negarse a ello sería como violar la Convención Americana de los Derechos Humanos, subraya la providencia. Según la Sala, la legitimación por activa en la causa del ciudadano accionante se basa en la doble dimensión de esa garantía, pues, pese a que la CIDH protegió los derechos políticos de Petro, también debe reconocerse a los sufragantes como actores del proceso, como lo hicieron el Consejo Superior de la Judicatura y el Consejo de Estado. Además, anotó que la actuación del organismo internacional se justifica teniendo en cuenta decisiones de organismos judiciales de cierre, que concluyeron que los ciudadanos deben acudir a la acción de simple nulidad contra el acto administrativo particular que ordenó la destitución, haciendo improcedente la tutela. Finalmente, sostuvo que la tutela es procedente para hacer cumplir las medidas cautelares que ordene ese órgano judicial supranacional.

Noticia generada en Abr. 23/14 (8:00 a.m.)

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Deducción en renta por pagos a personas naturales solo procede si pertenecen al régimen contributivo (4:50 p.m.)
La deducción en renta por pagos realizados a personas naturales residentes cuyos ingresos no provengan de una relación laboral o reglamentaria, prevista en el parágrafo segundo del artículo 108 del Estatuto Tributario y reglamentado por el Decreto 1070 del 2013, sobre retefuente para empleados y trabajadores por cuenta propia, es viable solo cuando se realizan a personas pertenecientes al régimen contributivo, pues solo en estos casos se puede verificar que estas realizan los aportes correspondientes en relación con los ingresos obtenidos en el respectivo contrato. Así lo precisó la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en reciente oficio.

Noticia generada en Abr. 22/14 (4:50 p.m.)

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Es razonable el trato diferenciado entre derecho de custodia y el de visita: Corte Constitucional (4:00 p.m.)
La Corte Constitucional determinó que sancionar hasta con tres años de cárcel al padre que, en ejercicio del derecho de visita, afecte el derecho de custodia del otro padre no supone una violación del derecho a la igualdad; esto frente al hecho de que quien tiene la custodia y desconoce las garantías de quien ostenta el derecho de visitas no es objeto de la misma sanción (artículo 7º del Código Penal, que adiciona el artículo 230A). Para la Corte, aunque el segundo escenario también es reprochable, no es equiparable al primero, pues el ocultamiento del menor o prácticas similares para privar a quien tiene la custodia de sus derechos afecta más intensamente al niño, ya que se le impide permanecer con la persona con quien comparte la mayor parte de su tiempo. Bajo estos argumentos, la Sala declaró constitucional la norma y señaló que aunque la segunda actuación no sea penalizable sí es objeto de control judicial, en tanto se puede acudir a la tutela para salvaguardar las garantías del padre afectado (M. P. Mauricio González Cuervo).

Noticia generada en Abr. 22/14 (4:00 p.m.)

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Norma que exime a socios de SAS de responsabilidades por deudas laborales no es arbitraria (3:10 p.m.)
La norma que exime a los socios de sociedades por acciones simplificadas (SAS) de responsabilidades por los compromisos laborales de sus organizaciones no es arbitraria ni desconoce derechos, decidió la Corte Constitucional. De ahí que haya sido declarada ajustada a la Carta Política de 1991 la expresión “laborales”, contenida en el artículo 1º de la Ley 1258 del 2008. Según la corporación, se trata de una disposición que promueve la inversión y la prosperidad social, sin imponer condiciones prohibidas por la Constitución. Cabe precisar que frente a la supuesta violación de derechos laborales la máxima instancia constitucional ordenó estarse a lo resuelto en la Sentencia C-090 del 2014 (M. P. María Victoria Calle).

Noticia generada en Abr. 22/14 (3:10 p.m.)

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Corte Constitucional explica por qué declaró exequible figura de la lesión enorme contenida en el Código Civil (2:48 p.m.)
La Corte Constitucional determinó que la figura de la lesión enorme, con la cual el Código Civil protege a las partes intervinientes en un proceso de compra venta, no supera los límites de la autonomía o libertad contractual (artículo 1948). Añadió que no supone un beneficio excesivo para la parte afectada sino una contrapartida originada por la excesiva desproporción del negocio original; la sanción repone el equilibrio roto en el origen, dice la Sala. Allí se ordena el pago del faltante de la diferencia entre el total recibido y el justo precio, deducido en una décima parte, cuando el vendedor reciba menos de la mitad del precio justo; mientras tanto, en los casos en los que es el comprador el afectado por haber pagado el doble, este recibirá de quien le vendió la propiedad una suma equivalente a lo cancelado en exceso, más un 10 % adicional.

Noticia generada en Abr. 22/14 (2:48 p.m.)

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Renovación anual del RUES estaba dentro de facultades conferidas al Presidente de la República por el Decreto Ley Antitrámites (11:00 a.m.)
La Corte Constitucional determinó que el establecimiento de la renovación anual del Registro Único Empresarial y Social (RUES) se dio de acuerdo con los límites impuestos por el poder Legislativo al Presidente de la República para que expidiera el Decreto Ley Antitrámites (inciso 2º del artículo 166 del Decreto Ley 019 del 2012). A su juicio, dentro de los objetivos del parágrafo 1º de la Ley 1474 del 2011 estaba promover la eficiencia en la gestión pública y esa es la iniciativa del texto demandado, por ello se declaró constitucional.

Noticia generada en Abr. 22/14 (11:00 a.m.)

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Reunión por derecho propio no puede utilizarse para modificar la participación accionaria y perjudicar a los accionistas (10:35 a.m.)
El mecanismo previsto en el artículo 429 del Código de Comercio, sobre reuniones por derecho propio, no puede utilizarse para modificar las circunstancias de asociación en una compañía, en cuanto a la participación accionaria, con el propósito deliberado de perjudicar a un grupo de accionistas. La Superintendencia de Sociedades analizó la aprobación de una emisión primaria sin sujeción al derecho de preferencia, en una reunión por derecho propio, con los accionistas minoritarios como únicos destinatarios de la correspondiente oferta de suscripción, lo que se convirtió en una forma de capitalización abusiva. La entidad señaló que la emisión primaria de acciones que se cumple con la finalidad de alterar la distribución de los derechos de voto en una compañía es un ejercicio ilegítimo de las facultades atribuidas a los órganos sociales. En este evento, la justificación de la capitalización no es suficiente para subsanar los vicios que recaen sobre esa operación.

Noticia generada en Abr. 22/14 (10:35 a.m.)

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Proyecto que regula paliativos médicos a enfermos terminales no autoriza la eutanasia: Corte Constitucional (9:39 a.m.)
La Corte Constitucional precisó que la voluntad anticipada que contiene el proyecto que garantiza paliativos médicos a los enfermos terminales no supone renunciar a la posibilidad de que el paciente continúe con vida o pueda curarse (P. L. 38/10S-290/11C). En su criterio, se trata apenas de la declaración de su voluntad de no someterse a tratamientos que le prolonguen los padecimientos propios de su enfermedad, cuando se sabe que ninguno de ellos le salvará la vida. Con estos argumentos, rechazó las objeciones presidenciales, respaldadas por la Procuraduría, en las que se precisaba la necesidad de declarar inexequible la iniciativa, por no haber sido tramitada por el legislador estatutario. Al declararla constitucional, la Corte consideró que no se estaban regulando derechos fundamentales a la vida y a la salud y, por lo tanto, era viable que el proyecto se tramitara por medio de una ley ordinaria (M. P. Alberto Rojas).

Noticia generada en Abr. 22/14 (9:39 a.m.)

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