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Información especial LEGISmóvil
Esta es la nueva forma de identificar las providencias de la Corte Suprema de Justicia (10:35 a.m.)

La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia aprobó, el 18 de noviembre del 2013, una nueva forma de identificar sus providencias. La metodología es un sistema alfanumérico en el que se encuentran letras que se relacionan con el tipo de providencia, así: A para los autos, S para las sentencias, T para tutelas y H para hábeas corpus. A continuación se incluye otra letra que permite conocer la sala que la expide, L para laboral, P para penal, C para la civil y PL para la Sala Plena. El siguiente componente es un número consecutivo anual y el año en el que se profiere la decisión. En este sentido, el alto tribunal identifica sus providencias en forma similar a como lo hace la Corte Constitucional, es decir, la identificación de providencias ya no es exclusivamente el mismo número del expediente, del proceso o el “número de radicación de procesos” de los Acuerdos 201 de 1997, 1412 y 1413 del 2002, del Consejo Superior de la Judicatura. A manera de ejemplo, una sentencia de la Sala Laboral tendrá en su encabezado lo siguiente: SL 829-2013 (nuevo sistema de identificación), Radicación 41306 (sistema tradicional). Por su parte, la Sala Civil se presentará así SC 4428-2014, Radicación 11001-31-03-026-2009-00743-01. LEGISmóvil ha adoptado este nuevo método de identificación para su buscador.

Noticia generada en Abr. 23/14 (10:35 a.m.)
Presidente Santos firma decreto que restituye a Petro como Alcalde de Bogotá (8:38 a.m.)
“He firmado decreto que restituye al alcalde Petro. Mi deber como Presidente ha sido, es y será siempre cumplir con la ley”, así lo informó hoy el presidente Juan Manuel Santos luego de conocerse el fallo del Tribunal de Bogotá que ordena aplicar las medidas cautelares de la CIDH en el caso de Gustavo Petro y a su vez suspende la destitución del cargo como Alcalde de Bogotá. Al hacer referencia a los mecanismos de defensa judicial, el mandatario hizo un llamado a la reflexión sobre ese asunto, dado que su mala utilización puede generar “caos administrativo y político”.

Noticia generada en Abr. 23/14 (8:38 a.m.)

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Extra
Esta es la sentencia que ordena aplicar medidas cautelares de la CIDH en caso Petro (8:00 a.m.)

Una Sala de Restitución de Tierras de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá consideró que el presidente Juan Manuel Santos violó los derechos a elegir y a ser elegido y al debido proceso internacional de los electores de Gustavo Petro, al no acatar las medidas cautelares de la CIDH, que ordenaban suspender la destitución del alcalde de la capital impuesta por la Procuraduría General de la Nación mientras hay una decisión de fondo. La corporación citó las sentencias T-524 del 2005 y la T-288A del 2011 de la Corte Constitucional, en las cuales se reconoce el carácter vinculante de ese tipo de determinaciones y destacó su incorporación automática al ordenamiento interno. Negarse a ello sería como violar la Convención Americana de los Derechos Humanos, subraya la providencia. Según la Sala, la legitimación por activa en la causa del ciudadano accionante se basa en la doble dimensión de esa garantía, pues, pese a que la CIDH protegió los derechos políticos de Petro, también debe reconocerse a los sufragantes como actores del proceso, como lo hicieron el Consejo Superior de la Judicatura y el Consejo de Estado. Además, anotó que la actuación del organismo internacional se justifica teniendo en cuenta decisiones de organismos judiciales de cierre, que concluyeron que los ciudadanos deben acudir a la acción de simple nulidad contra el acto administrativo particular que ordenó la destitución, haciendo improcedente la tutela. Finalmente, sostuvo que la tutela es procedente para hacer cumplir las medidas cautelares que ordene ese órgano judicial supranacional.

Noticia generada en Abr. 23/14 (8:00 a.m.)

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Corrección provocada por la liquidación de revisión no da lugar a expedir un auto que termine el proceso (3:33 p.m.)
Una vez el contribuyente presenta la corrección provocada por la liquidación de revisión, en los términos del artículo 713 del Estatuto Tributario, aceptando totalmente los valores determinados en la liquidación oficial y liquidando la sanción por inexactitud reducida a la mitad, la división jurídica correspondiente debe proferir la resolución de reducción sanción y no un auto de terminación del proceso, pues el contribuyente puede no haber realizado el pago de manera correcta, indicó la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Si el pago es correcto, se aceptará la liquidación de la corrección presentada y la citada resolución es el documento activo para efectos de cuenta corriente y procedimiento. Por el contrario, si el pago no es correcto, se confirmará la liquidación oficial de revisión que había sido proferida y se tendrá como documento en firme y ejecutoriado.

Noticia generada en Abr. 23/14 (3:33 p.m.)
Colombia aprueba enmienda a la Convención de la Organización Mundial de Aduanas (2:50 p.m.)
El Gobierno acaba de sancionar la Ley 1714, por medio de la cual se aprueba la enmienda a la Convención de la Organización Mundial de Aduanas. El propósito fundamental de la enmienda es permitir que se incorporen nuevos integrantes con plenos derechos de esa organización a las uniones aduaneras o económicas.

Noticia generada en Abr. 23/14 (2:50 p.m.)

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Establecen límites a variación de calificación jurídica por parte del juez, tras comisión de delitos en contratación estatal (11:37 a.m.)
La Corte Suprema de Justicia determinó que si bien el procesado penal puede ser condenado por un delito distinto al que se le impute, la jurisprudencia desestima ese cambio denominativo, cuando se trate de delitos relacionados con la contratación estatal, que se castigan con la misma pena. Ello aunque ambos cargos conserven los mismos límites punitivos. En casos en los que, agotada la fase de pruebas, el operador decide la variación de la calificación jurídica, dice, deberá darse lugar a que las partes se pronuncien sobre su viabilidad, la posibilidad de practicar nuevas pruebas e incluso consultar la posición de la Fiscalía que, de ser favorable, conduce a la nulidad; todo de acuerdo a lo ordenado por el artículo 404 de la Ley 600 del 2000. En el caso concreto, el procesado había sido absuelto en primera instancia por contrato sin cumplimiento de requisitos legales y condenado en segunda instancia por interés indebido en la celebración de contratos. Frente al primero de los cargos, la prueba no demostraba su ocurrencia y, frente al segundo, el procesado no tuvo la posibilidad de defenderse, sostuvo la Corte (M. P. Eugenio Fernández Carlier).

Noticia generada en Abr. 23/14 (11:37 a.m.)

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SIC ordena cesar actual esquema de recolección de basuras de Bogotá (11:28 a.m.)
El superintendente de Industria y Comercio ad hoc, Luis Guillermo Vélez, en ejercicio de sus facultades legales en materia de protección de la competencia y los consumidores informó que sancionó a la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá ESP (EAB), a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), a la empresa Aguas de Bogotá S.A. ESP y a 10 personas naturales por ejecutar prácticas violatorias de la ley al limitar la libre competencia en el marco de la creación, implementación y puesta en marcha del nuevo esquema de recolección de basuras en Bogotá. Así mismo, ordenó cesar su implementación, para lo cual otorga un plazo de seis meses. Según la SIC, después se deberá aplicar un régimen de competencia libre o, en su defecto, un régimen de competencia con áreas de servicio exclusivo que, en cualquier caso, deberá involucrar la participación de la población recicladora, en los términos establecidos por la Corte Constitucional.

Noticia generada en Abr. 23/14 (11:28 a.m.)

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Derecho a exigir reajuste pensional prescribe a los tres años: Corte Suprema (11:15 a.m.)
En sentencia recientemente publicada, la Corte Suprema de Justicia determinó que los términos prescriptivos para alegar la procedencia del reajuste pensional es de tres años, contados a partir de la causación del derecho. Ello porque el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo concede dicho término, calculado desde el momento en que la obligación se haya hecho exigible, frente a las “acciones que emanen de las leyes sociales”. En este caso, dice, no es aplicable el artículo 51 del acuerdo 049 del Ministerio del Trabajo (aprobatorio del Decreto 0758 de 1990), que fija ese lapso en cuatro años, ya que esta disposición rige para reclamaciones ante el ISS, pero no tiene validez a la hora de interponer acciones ante los jueces (M. P. Elsy del Pilar Cuello).

Noticia generada en Abr. 23/14 (11:15 a.m.)

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Condiciones de jubilación dependen de normas vigentes al momento de causarse el derecho: Corte Suprema (8:45 a.m.)
En providencia recientemente dada a conocer, la Corte Suprema de Justicia sostuvo que las condiciones de pago de la pensión deben estar sujetas a la disposición legal, convencional o reglamentaria en vigor al momento de su causación y no interpretarse a la luz de las vigentes al momento de su disfrute. Así, aun cuando en la época en que el operario decida exigir su derecho estas reglas sean distintas a las que regían al momento en que acumuló los requisitos para jubilarse, las que deben tenerse en cuenta a la hora de efectuar la liquidación son estas últimas. En ese mismo sentido, dice, el artículo 4º del Decreto 1160 de 1989 señala que se entiende causada la pensión cuando se reúnen las exigencias de “la ley, convención colectiva, pacto colectivo, laudo arbitral y reglamentos del Instituto de Seguros Sociales” (M. P. Elsy del Pilar Cuello).

Noticia generada en Abr. 23/14 (8:45 a.m.)

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